NÍGER: TRES AÑOS DE QUIEBRE DEMOCRÁTICO
NÍGER: TRES AÑOS DE QUIEBRE DEMOCRÁTICO
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La Coalición Parlamentaria Américas África por la Democracia (CPAAD) reitera su firme condena al golpe de Estado perpetrado en la República de Níger el 26 de julio de 2023, mediante el cual integrantes de la Guardia Presidencial depusieron al presidente democráticamente elegido Mohamed Bazoum, quebrantaron el orden constitucional y establecieron una junta militar bajo la denominación de Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria (CNSP), encabezada por el general Abdourahamane Tchiani.
Transcurridos más de tres años, la situación reviste especial gravedad. Mohamed Bazoum continúa privado de la libertad junto con su esposa, Hadiza Bazoum; las garantías políticas y cívicas se han deteriorado; persisten restricciones contra la oposición, la sociedad civil y los medios de comunicación; y las autoridades militares han profundizado una reorientación estratégica hacia Rusia, acompañada de la presencia del Africa Corps en territorio nigerino. El propio Parlamento Europeo advirtió en marzo de 2026 que la situación política, de seguridad y humanitaria se había agravado desde el golpe.
Para la CPAAD, el transcurso del tiempo no altera la naturaleza de los acontecimientos de julio de 2023. Níger no experimentó una sucesión constitucional ni una transición democrática: un Presidente elegido mediante el voto popular fue detenido por quienes tenían el deber institucional de protegerlo y sustituido por una estructura militar que se atribuyó el ejercicio del poder político.
La consolidación administrativa de ese poder no subsana su déficit democrático de origen. La legitimidad de un gobierno procede de la soberanía popular y del respeto al orden constitucional, no de la capacidad de una estructura armada para controlar las instituciones del Estado.
1. EL GOLPE DE ESTADO Y LA RESPONSABILIDAD DE SUS PRINCIPALES PROTAGONISTAS
1. EL GOLPE DE ESTADO Y LA RESPONSABILIDAD DE SUS PRINCIPALES PROTAGONISTAS
La ruptura constitucional del 26 de julio de 2023 tuvo responsables claramente identificables. Su principal dirigente fue el general Abdourahamane Tchiani, entonces comandante de la Guardia Presidencial, quien encabezó el golpe contra Mohamed Bazoum y posteriormente asumió la dirección del CNSP.
Junto a Tchiani adquirieron posiciones centrales dentro del nuevo orden militar altos oficiales como los generales Salifou Mody, Mohamed Toumba y Moussa Salaou Barmou, entre otros integrantes del CNSP. El coronel mayor Amadou Abdramane se convirtió, además, en uno de los principales portavoces de la junta y participó en el anuncio público mediante el cual los militares comunicaron la destitución del Presidente y la ruptura institucional.
La CPAAD considera necesario individualizar políticamente a quienes protagonizaron la ruptura. El golpe no fue obra de una entidad abstracta, sino de miembros de las Fuerzas de Defensa y Seguridad que utilizaron las atribuciones y estructuras confiadas a su mando para alterar el orden constitucional que estaban obligados a preservar.
Especialmente grave resulta la actuación de la Guardia Presidencial. La institución encargada de proteger al Presidente de la República terminó convirtiéndose en el instrumento de su derrocamiento y privación de libertad. Ningún mando militar posee competencia para decidir quién debe ejercer la Presidencia, sustituir el resultado de unas elecciones o apropiarse de la soberanía que corresponde exclusivamente al pueblo.
2. MOHAMED Y HADIZA BAZOUM: UNA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD QUE SE PROLONGA DESDE EL GOLPE
2. MOHAMED Y HADIZA BAZOUM: UNA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD QUE SE PROLONGA DESDE EL GOLPE
La situación del presidente Mohamed Bazoum y de su esposa, Hadiza Bazoum, constituye la manifestación más persistente y simbólica de la ruptura iniciada en julio de 2023. Ambos permanecen retenidos por las autoridades militares desde el golpe.
El Parlamento Europeo, en su Resolución de 12 de marzo de 2026, señaló que Bazoum y su esposa continuaban detenidos por la junta, aparentemente sin acceso a abogados ni visitas familiares y con atención médica limitada. La institución europea destacó, además, que durante más de un año no se había hecho pública información verificable sobre sus condiciones.
La CPAAD considera que esta privación de la libertad no puede desvincularse de su origen político e institucional. Mohamed Bazoum no fue inicialmente apartado de sus funciones mediante un procedimiento constitucional ni detenido como consecuencia de una decisión judicial previa: fue retenido el mismo día en que los militares quebrantaron el orden constitucional y lo depusieron de la Presidencia.
La prolongación de esta situación resulta todavía más grave en el caso de Hadiza Bazoum, cuya libertad personal ha quedado igualmente sometida durante años a las consecuencias de una ruptura política de la cual no puede atribuírsele responsabilidad alguna.
Para la Coalición, ninguna transición puede ser considerada democrática mientras el Presidente derrocado y su esposa permanezcan privados de la libertad por las mismas autoridades surgidas del golpe que puso fin a su mandato.
3. LA PRETENSIÓN DE JUZGAR AL PRESIDENTE DERROCADO
3. LA PRETENSIÓN DE JUZGAR AL PRESIDENTE DERROCADO
A la prolongada privación de libertad de Mohamed Bazoum se suma la decisión de las autoridades de promover actuaciones judiciales en su contra. El Parlamento Europeo ha señalado que la jurisdicción estatal levantó su inmunidad presidencial y que las autoridades anunciaron su intención de procesarlo por presunta “alta traición”, acusación que puede conllevar incluso la pena de muerte.
La CPAAD no sostiene que un Presidente se encuentre por encima de la ley. Todo mandatario puede responder por conductas ilícitas debidamente acreditadas. Sin embargo, una cosa es la actuación de una justicia independiente dentro de un Estado constitucional y otra muy distinta que quienes participaron en el derrocamiento y mantienen privado de libertad al Presidente pretendan utilizar posteriormente las instituciones del régimen surgido del golpe para procesarlo.
En estas circunstancias, cualquier actuación contra Bazoum exige garantías particularmente rigurosas de independencia judicial, imparcialidad, acceso efectivo a la defensa, contradicción probatoria y ausencia de interferencias políticas o militares.
La justicia no puede convertirse en una prolongación del golpe por otros medios ni utilizarse para conferir retrospectivamente una apariencia de legalidad a una destitución producida mediante la fuerza.
4. EL PARLAMENTO EUROPEO: UNA CONDENA CLARA A LA DETENCIÓN ARBITRARIA
4. EL PARLAMENTO EUROPEO: UNA CONDENA CLARA A LA DETENCIÓN ARBITRARIA
La situación de Mohamed y Hadiza Bazoum adquirió renovada dimensión internacional con la Resolución del Parlamento Europeo de 12 de marzo de 2026 sobre la detención arbitraria del presidente Mohamed Bazoum por la junta en Níger.
El Parlamento Europeo calificó expresamente los acontecimientos del 26 de julio de 2023 como un golpe de Estado militar, constató la disolución del orden constitucional y condenó firmemente la continuada detención arbitraria de Mohamed Bazoum, de su esposa y de las demás personas detenidas durante el golpe. Asimismo, exigió su liberación inmediata e incondicional.
La resolución trasciende el caso individual del Presidente. El Parlamento Europeo denunció también la represión contra actores políticos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil, y reclamó a las autoridades nigerinas acelerar la restauración del orden democrático, restablecer los partidos políticos y organizar elecciones libres y justas.
La CPAAD respalda plenamente este llamado. La detención de Mohamed y Hadiza Bazoum no puede convertirse, por el mero transcurso de los años, en una situación normalizada por la comunidad internacional. La prolongación de una arbitrariedad no la transforma en legalidad.
5. RESTRICCIÓN DEL ESPACIO DEMOCRÁTICO Y DE LAS LIBERTADES PÚBLICAS
5. RESTRICCIÓN DEL ESPACIO DEMOCRÁTICO Y DE LAS LIBERTADES PÚBLICAS
La situación de Bazoum debe ser examinada dentro de un fenómeno más amplio de deterioro institucional. El Parlamento Europeo ha advertido sobre crecientes restricciones contra la oposición política, los defensores de derechos humanos, la sociedad civil y la libertad de los medios de comunicación, así como sobre la suspensión del marco constitucional.
Esta evolución resulta incompatible con la naturaleza que debería revestir cualquier transición auténticamente democrática. Una transición no se legitima por la cantidad de instituciones creadas por quienes asumieron el poder, sino por su capacidad para restituir las libertades, garantizar el pluralismo político y devolver a los ciudadanos el derecho efectivo a elegir a sus gobernantes.
La CPAAD observa con preocupación que la permanencia de las autoridades militares se acompaña de una progresiva reducción de los contrapesos políticos y sociales. La estabilidad no puede ser utilizada como argumento para justificar indefinidamente la ausencia de democracia ni la seguridad puede convertirse en fundamento para restringir las libertades esenciales.
6. LA PROMESA DE SEGURIDAD FRENTE AL DETERIORO DE LA REALIDAD NACIONAL
6. LA PROMESA DE SEGURIDAD FRENTE AL DETERIORO DE LA REALIDAD NACIONAL
La situación de inseguridad fue uno de los principales argumentos invocados para justificar el golpe de Estado. Sin embargo, tres años después, la realidad del país contradice la pretensión de que la sustitución del gobierno civil por un régimen militar habría representado una solución.
El Parlamento Europeo advirtió en marzo de 2026 que la situación de seguridad en Níger y en el conjunto del Sahel continuaba deteriorándose como consecuencia de los ataques de grupos yihadistas. Asimismo, señaló un severo agravamiento de la crisis humanitaria, con cerca de un millón de personas desplazadas y tres millones necesitadas de asistencia humanitaria.
Las tensiones alcanzaron incluso a las propias Fuerzas Armadas. A finales de agosto de 2026 se produjo un motín en la Base Aérea 101, próxima al aeropuerto internacional de Niamey, protagonizado principalmente por jóvenes militares y relacionado, entre otros factores, con el deterioro de la seguridad y las condiciones dentro del Ejército. Posteriormente, Tchiani sustituyó al general Moussa Salaou Barmou como jefe del Estado Mayor.
Para la CPAAD, estos acontecimientos evidencian una realidad fundamental: la condición militar de quienes gobiernan no constituye, por sí misma, garantía de seguridad, estabilidad ni eficacia institucional. Las dificultades de un gobierno democrático nunca confieren a las Fuerzas Armadas el derecho de sustituirlo.
7. AFRICA CORPS Y LA CRECIENTE DEPENDENCIA DE LA COOPERACIÓN MILITAR RUSA
7. AFRICA CORPS Y LA CRECIENTE DEPENDENCIA DE LA COOPERACIÓN MILITAR RUSA
La CPAAD observa igualmente con preocupación la profundización de los vínculos militares entre las autoridades surgidas del golpe y la Federación de Rusia, particularmente mediante la presencia y actuación del Africa Corps, estructura vinculada al Ministerio de Defensa ruso.
Esta cooperación debe analizarse dentro de la profunda reorientación de la política de seguridad emprendida por la junta después de 2023. Las autoridades pusieron término a importantes mecanismos de cooperación con Francia y Estados Unidos y reforzaron progresivamente sus relaciones militares con Moscú. Para septiembre de 2026, la participación del Africa Corps había adquirido una relevancia particularmente significativa: durante el motín militar de agosto, fuerzas rusas proporcionaron apoyo terrestre y aéreo a las autoridades de Tchiani para sofocar la insurrección.
Este hecho modifica sustancialmente la dimensión política de la presencia rusa. Ya no se trata exclusivamente de cooperación técnica, entrenamiento o asistencia contra grupos armados. La intervención del Africa Corps en apoyo de las actuales autoridades durante una crisis interna de las propias Fuerzas Armadas plantea interrogantes legítimos sobre el grado de dependencia del régimen respecto de fuerzas extranjeras y sobre la utilización de esas capacidades para preservar la estabilidad del poder establecido después del golpe.
La CPAAD reconoce el derecho soberano de Níger a establecer relaciones diplomáticas y militares con los Estados que considere convenientes. Sin embargo, esa soberanía pertenece a la nación y a sus ciudadanos, no exclusivamente a quienes ejercen circunstancialmente el poder.
La Coalición exige, por ello, transparencia sobre los acuerdos celebrados con Rusia, la presencia y funciones del Africa Corps, el número y condición de sus efectivos, el material militar desplegado y su eventual participación en operaciones de seguridad interna. La asistencia militar extranjera no debe convertirse en un instrumento destinado a preservar un régimen de origen inconstitucional frente a su propia población o a dificultar el retorno del país al gobierno democrático.
8. MOHAMED BAZOUM COMO EXPRESIÓN DE LA LEGITIMIDAD CONSTITUCIONAL INTERRUMPIDA
8. MOHAMED BAZOUM COMO EXPRESIÓN DE LA LEGITIMIDAD CONSTITUCIONAL INTERRUMPIDA
La defensa de Mohamed Bazoum que formula la CPAAD trasciende la persona del mandatario, su partido o su orientación política. Lo que se encuentra en juego es un principio esencial de cualquier democracia: el mandato conferido por los ciudadanos mediante las urnas no puede ser revocado por quienes controlan las armas.
Bazoum fue democráticamente elegido y se encontraba ejerciendo la Presidencia cuando fue detenido y depuesto. El Parlamento Europeo continúa reconociéndolo expresamente como el presidente democráticamente elegido de Níger.
Su prolongada privación de libertad posee, por consiguiente, una dimensión institucional que supera su situación personal. Mientras permanezca bajo custodia de quienes participaron en su derrocamiento, continuará abierta una de las manifestaciones más evidentes del quebrantamiento constitucional ocurrido en 2023.
La CPAAD considera particularmente grave que la negativa de Bazoum a renunciar y, por esa vía, conferir una apariencia de legitimidad a su derrocamiento haya terminado acompañada de años de confinamiento. La libertad personal de un Presidente no puede convertirse en instrumento de presión para obtener la legitimación política de un golpe de Estado.
9. EL TIEMPO NO CONVIERTE UN GOLPE EN LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA
9. EL TIEMPO NO CONVIERTE UN GOLPE EN LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA
Uno de los mayores riesgos que enfrenta actualmente Níger es la normalización internacional de una situación que nació de una ruptura constitucional. La existencia de una administración funcional, nuevas instituciones o relaciones diplomáticas con otros Estados no modifica, por sí misma, el origen del poder.
La CPAAD rechaza la tesis según la cual el transcurso del tiempo puede subsanar una ruptura democrática. La permanencia material en el poder no equivale a legitimidad constitucional.
Aceptar lo contrario establecería un precedente particularmente peligroso para África: significaría admitir que un sector militar puede detener a un Presidente elegido, disolver las instituciones, restringir las libertades y, después de permanecer durante suficiente tiempo en el poder, obtener la normalización internacional de la situación creada por la fuerza.
La defensa de la democracia exige exactamente lo contrario: que los golpes de Estado no produzcan beneficios políticos permanentes y que quienes ejercen las armas comprendan que el poder civil y la soberanía popular no son atribuciones disponibles para las Fuerzas Armadas.
10. POSICIÓN Y EXIGENCIAS DE LA CPAAD
10. POSICIÓN Y EXIGENCIAS DE LA CPAAD
La Coalición Parlamentaria Américas África por la Democracia reitera su condena inequívoca al golpe de Estado del 26 de julio de 2023 y rechaza la consolidación de un orden político cuyo origen se encuentra en la ruptura de la institucionalidad democrática.
La CPAAD se suma al pronunciamiento del Parlamento Europeo y exige la liberación inmediata e incondicional del presidente Mohamed Bazoum y de su esposa Hadiza Bazoum, así como de todas las personas que permanezcan arbitrariamente privadas de la libertad por razones relacionadas con el golpe, la oposición política o el ejercicio legítimo de sus derechos fundamentales.
La Coalición reclama asimismo el restablecimiento efectivo de las libertades políticas; garantías para los partidos, la oposición, los periodistas, los defensores de derechos humanos y la sociedad civil; independencia judicial; respeto integral del debido proceso; y una hoja de ruta cierta, pública, verificable y temporalmente definida para restablecer plenamente el orden constitucional y celebrar elecciones libres, transparentes, plurales e inclusivas.
La CPAAD solicita igualmente plena transparencia sobre la cooperación militar con la Federación de Rusia y las actividades del Africa Corps en territorio nigerino. Ninguna asistencia extranjera debe ser utilizada para consolidar indefinidamente un poder nacido de un golpe, intervenir en la represión del disenso político o sustituir la necesaria subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil.
Finalmente, la Coalición exhorta a la Unión Africana, al Parlamento Europeo, a la Unión Europea, a las Naciones Unidas y a los demás actores internacionales comprometidos con la defensa de la democracia a mantener e intensificar sus esfuerzos para obtener la liberación de Mohamed y Hadiza Bazoum y promover el retorno efectivo de Níger al orden democrático.
NÍGER DEBE RECUPERAR SU ORDEN CONSTITUCIONAL
NÍGER DEBE RECUPERAR SU ORDEN CONSTITUCIONAL
Tres años después del golpe, la cuestión fundamental continúa siendo la misma: ¿corresponde a los ciudadanos de Níger decidir quién los gobierna o puede una estructura militar arrogarse indefinidamente esa facultad?
Para la CPAAD, la respuesta es inequívoca. La soberanía pertenece al pueblo nigerino. Las Fuerzas Armadas existen para proteger la República, no para sustituirla; para defender el territorio y las instituciones, no para apropiarse del poder político; y para garantizar la seguridad del Estado, no para determinar mediante la fuerza quién puede ejercer la Presidencia.
Por ello, la Coalición reitera su solidaridad con Mohamed Bazoum y Hadiza Bazoum, condena su prolongada privación de libertad y reclama su liberación inmediata. Asimismo, rechaza que Abdourahamane Tchiani y los demás dirigentes del CNSP puedan transformar, mediante el simple transcurso del tiempo, una ruptura militar en una fuente legítima y permanente de poder.
La liberación de la pareja Bazoum no resolverá por sí sola la profunda crisis institucional de Níger, pero constituye una condición indispensable para cualquier proceso serio de reconciliación y reconstrucción democrática.
Níger necesita recuperar la primacía de la Constitución, el gobierno civil y la soberanía popular. Ninguna estabilidad construida sobre la privación de la libertad del Presidente derrocado, la restricción de las libertades políticas y la permanencia indefinida de quienes tomaron el poder por la fuerza puede sustituir la legitimidad que únicamente otorgan los ciudadanos.
COALICIÓN PARLAMENTARIA AMÉRICAS ÁFRICA POR LA DEMOCRACIA – CPAAD
Observatorio de la Democracia
Boletín Especial | República de Niger | Septiembre de 2026
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