MALÍ BAJO ALERTA DEMOCRÁTICA
MALÍ BAJO ALERTA DEMOCRÁTICA
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La Coalición Parlamentaria Américas África por la Democracia (CPAAD) expresa su profunda preocupación por el prolongado deterioro del orden democrático en la República de Malí, país que desde los golpes de Estado de agosto de 2020 y mayo de 2021 permanece bajo una estructura de poder dominada por las Fuerzas Armadas y encabezada por el general Assimi Goïta. Lo que inicialmente fue presentado como una transición excepcional destinada a restablecer la estabilidad y devolver posteriormente el poder a autoridades civiles ha evolucionado, con el paso de los años, hacia un sistema caracterizado por la concentración del poder, la prolongación del mandato sin elecciones, la supresión de los partidos políticos, la persecución de opositores y la reducción progresiva del espacio cívico.
Para la CPAAD, el caso de Malí ilustra con particular claridad cómo una ruptura constitucional puede transformarse, cuando desaparecen los límites temporales y los contrapesos democráticos, en una fórmula de permanencia en el poder. La transición prometida no ha conducido al restablecimiento del gobierno civil, sino a la consolidación de una autoridad militar que ha postergado reiteradamente las elecciones y, posteriormente, ha restringido o eliminado los mismos instrumentos mediante los cuales la ciudadanía podría organizar una alternativa política.
1. LOS GOLPES DE 2020 Y 2021 Y SUS PRINCIPALES RESPONSABLES
1. LOS GOLPES DE 2020 Y 2021 Y SUS PRINCIPALES RESPONSABLES
La actual crisis institucional tiene su origen inmediato en el golpe de Estado del 18 de agosto de 2020, mediante el cual sectores de las Fuerzas Armadas depusieron al presidente Ibrahim Boubacar Keïta y a su Gobierno. La ruptura fue encabezada por un grupo de altos oficiales que posteriormente constituyó el Comité Nacional para la Salvación del Pueblo (CNSP).
Entre los principales responsables de aquel golpe se encontraban el entonces coronel Assimi Goïta, quien asumió la jefatura de la junta; el coronel Malick Diaw, vicepresidente del CNSP; el coronel mayor Ismaël Wagué, portavoz de la junta; el coronel Sadio Camara; y el coronel Modibo Koné.
La gravedad institucional se profundizó en mayo de 2021, cuando Assimi Goïta encabezó una segunda ruptura dentro del propio proceso de transición. El presidente transitorio Bah N'Daw y el primer ministro Moctar Ouane fueron detenidos y posteriormente apartados de sus funciones, permitiendo a Goïta concentrar directamente la jefatura del Estado.
La CPAAD considera necesario individualizar estas responsabilidades políticas. Los golpes de Estado no son acontecimientos impersonales ni inevitables: son decisiones adoptadas por personas concretas que utilizan las estructuras militares confiadas a su mando para sustituir el orden constitucional. Assimi Goïta, Malick Diaw, Ismaël Wagué, Sadio Camara, Modibo Koné y los demás oficiales que intervinieron en la ruptura de 2020 deben ser recordados por el papel que desempeñaron en la interrupción del proceso democrático maliense.
2. DE UNA PRESIDENCIA TRANSITORIA A UN PODER SIN ELECCIÓN POPULAR
2. DE UNA PRESIDENCIA TRANSITORIA A UN PODER SIN ELECCIÓN POPULAR
Uno de los aspectos más graves de la evolución política de Malí ha sido la transformación progresiva de una autoridad inicialmente presentada como temporal en un poder de duración indefinida. La junta prometió elecciones y un retorno al gobierno civil, pero esos compromisos fueron sucesivamente aplazados.
En 2025, el proceso adquirió una dimensión especialmente preocupante. Una conferencia nacional promovida por las autoridades recomendó otorgar a Assimi Goïta un mandato presidencial de cinco años y disolver los partidos políticos. Posteriormente, el Consejo de Ministros adoptó un proyecto que permitía conferirle un mandato renovable de cinco años sin elección, decisión posteriormente avalada por el órgano legislativo de transición. El resultado fue la habilitación de Goïta para permanecer en la Presidencia al menos hasta 2030, con posibilidad de nuevas renovaciones.
Para la CPAAD, esta evolución contradice la esencia misma de una transición. Una transición democrática existe para conducir hacia elecciones, restablecer la plena soberanía popular y concluir; no para proporcionar a quienes tomaron el poder por la fuerza un mecanismo jurídico que les permita prolongar indefinidamente su permanencia.
La legitimidad de un Presidente no puede derivarse exclusivamente de una estructura de transición creada bajo predominio militar. El mandato democrático requiere que la ciudadanía pueda escoger entre alternativas políticas reales y, sobre todo, que tenga la capacidad efectiva de sustituir a quienes gobiernan.
3. LA DISOLUCIÓN DE TODOS LOS PARTIDOS POLÍTICOS
3. LA DISOLUCIÓN DE TODOS LOS PARTIDOS POLÍTICOS
El deterioro democrático alcanzó uno de sus puntos más graves el 13 de mayo de 2025, cuando las autoridades militares decretaron la disolución de todos los partidos y organizaciones de carácter político y derogaron las disposiciones jurídicas que protegían la participación partidista. La decisión había sido precedida por la suspensión de las actividades políticas y por manifestaciones en Bamako en las que centenares de ciudadanos exigieron el retorno al multipartidismo y la celebración de elecciones.
La CPAAD considera que esta medida representa un ataque directo contra uno de los fundamentos esenciales de una democracia pluralista. Los partidos políticos no constituyen una concesión del Gobierno ni una estructura prescindible del sistema democrático; son instrumentos mediante los cuales los ciudadanos se organizan, articulan alternativas, fiscalizan al poder y compiten pacíficamente por el gobierno.
Disolver todos los partidos mientras se prolonga simultáneamente el mandato del dirigente militar supone eliminar la competencia política en el preciso momento en que debería restablecerse. No puede hablarse seriamente de futura democracia cuando el propio régimen ha eliminado las organizaciones que podrían disputarle el poder.
4. DETENCIONES, SECUESTROS Y PRESIÓN SOBRE LA OPOSICIÓN
4. DETENCIONES, SECUESTROS Y PRESIÓN SOBRE LA OPOSICIÓN
La reducción del espacio político no se ha limitado a decisiones normativas. En mayo de 2025 se denunciaron la detención o desaparición de dirigentes que habían participado en las movilizaciones contra el régimen. Entre ellos se encontraban Abba Alhassane, secretario general de la Convergence pour le développement du Mali (CODEM), y El Bachir Thiam, dirigente de Yéléma, quienes fueron llevados por hombres armados y encapuchados. También se reportó como desaparecido Abdoul Karim Traoré.
Estos hechos adquieren especial significado porque ocurrieron inmediatamente después de las protestas prodemocráticas y en medio del proceso de suspensión y posterior disolución de los partidos.
La CPAAD considera que la oposición no puede ser tratada como una amenaza contra el Estado por el mero hecho de cuestionar al Gobierno. Una democracia se mide también por la seguridad con la que sus adversarios pueden hablar, organizarse y manifestarse. Cuando quienes reclaman elecciones terminan detenidos, desaparecidos o intimidados, el problema deja de ser exclusivamente electoral y se convierte en una cuestión central de derechos humanos y Estado de derecho.
5. EL PARLAMENTO EUROPEO Y LA CONDENA INTERNACIONAL AL RETROCESO DEMOCRÁTICO
5. EL PARLAMENTO EUROPEO Y LA CONDENA INTERNACIONAL AL RETROCESO DEMOCRÁTICO
La situación llevó al Parlamento Europeo a aprobar el 19 de junio de 2025 una resolución específica sobre la disolución de los partidos políticos y la represión de la oposición en Malí, adoptada por una amplia mayoría de 511 votos a favor, 14 en contra y 25 abstenciones.
El Parlamento expresó su profunda preocupación por la situación política y de seguridad, condenó firmemente la disolución de los partidos y organizaciones políticas y denunció las actuaciones que menoscaban la democracia, los derechos humanos y las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica. Exigió igualmente la liberación inmediata de las personas detenidas o secuestradas por razones políticas y reclamó el restablecimiento de condiciones que permitan celebrar elecciones transparentes y pacíficas.
La CPAAD comparte plenamente estas preocupaciones. Resulta especialmente relevante que el Parlamento Europeo haya vinculado expresamente la disolución de los partidos, la represión de la oposición, la ausencia de elecciones y la extensión del mandato de Goïta dentro de un mismo proceso de deterioro institucional.
La comunidad internacional no debería analizar cada una de estas decisiones como un episodio aislado. El aplazamiento de elecciones, la eliminación de los partidos, las detenciones de opositores y la extensión del mandato presidencial sin sufragio forman parte de una misma tendencia hacia la concentración y perpetuación del poder.
6. DE WAGNER AL AFRICA CORPS: MILITARIZACIÓN Y CRECIENTE DEPENDENCIA RUSA
6. DE WAGNER AL AFRICA CORPS: MILITARIZACIÓN Y CRECIENTE DEPENDENCIA RUSA
La evolución institucional de Malí ha estado acompañada por un profundo cambio de alianzas en materia de seguridad. Después de deteriorarse las relaciones con antiguos socios occidentales, las autoridades militares estrecharon su cooperación con la Federación de Rusia.
Desde finales de 2021, efectivos del Grupo Wagner operaron en territorio maliense junto con las Fuerzas Armadas nacionales. Su presencia estuvo acompañada de reiteradas denuncias sobre graves abusos contra civiles. El Parlamento Europeo ha señalado específicamente la necesidad de que rindan cuentas los responsables de violaciones de derechos humanos y de posibles crímenes de guerra cometidos por Wagner/Africa Corps contra la población maliense.
En junio de 2025, Wagner anunció formalmente su retirada del país después de más de tres años de operaciones. Sin embargo, aquella salida no significó el fin de la presencia rusa. Fue sustituido por el Africa Corps, una estructura creada con apoyo directo del Ministerio de Defensa ruso y sometida a un control estatal mucho más explícito.
Por consiguiente, el paso de Wagner al Africa Corps no representa una retirada rusa, sino una institucionalización más directa de la cooperación militar entre Moscú y el régimen de Bamako.
La CPAAD reconoce el derecho soberano de Malí a elegir sus socios internacionales. Sin embargo, ese principio no impide formular una cuestión esencial: ¿qué papel desempeña una estructura militar extranjera dentro de un Estado en el que no existen partidos políticos legales, no se han celebrado las elecciones prometidas y el jefe militar que tomó el poder ha obtenido un mandato renovable sin pasar por las urnas?
7. LA SEGURIDAD NO PUEDE SER UTILIZADA COMO JUSTIFICACIÓN PARA EL AUTORITARISMO
7. LA SEGURIDAD NO PUEDE SER UTILIZADA COMO JUSTIFICACIÓN PARA EL AUTORITARISMO
La lucha contra el terrorismo y la recuperación del control territorial han sido los principales argumentos utilizados por las autoridades militares para justificar su permanencia. Malí enfrenta, sin duda, amenazas extremadamente graves procedentes de grupos yihadistas y organizaciones armadas que han causado enormes sufrimientos a la población.
Sin embargo, precisamente por la importancia de ese desafío, resulta necesario separar dos cuestiones que el discurso de los regímenes militares suele presentar como inseparables: seguridad y democracia.
El hecho de que un Gobierno civil enfrente dificultades para contener el terrorismo no otorga legitimidad a un golpe de Estado. Del mismo modo, la condición militar de quienes gobiernan no garantiza automáticamente una mejora en la seguridad. El Parlamento Europeo observó en 2025 que Malí continuaba gravemente afectado por la violencia y el terrorismo y señaló expresamente que los mercenarios financiados por Rusia no habían logrado aportar estabilidad al país.
Para la CPAAD, la lucha contra el terrorismo no puede convertirse en una doctrina permanente destinada a justificar la ausencia de elecciones, el cierre del espacio político o la supresión de las libertades fundamentales. La democracia no puede quedar suspendida hasta que desaparezca toda amenaza de seguridad, porque esa condición podría prolongarse indefinidamente.
8. UNA TRANSICIÓN QUE HA DEJADO DE SER TRANSITORIA
8. UNA TRANSICIÓN QUE HA DEJADO DE SER TRANSITORIA
La trayectoria institucional de Malí presenta actualmente una secuencia particularmente reveladora: golpe de Estado en agosto de 2020; nueva ruptura en mayo de 2021; aplazamiento reiterado de elecciones; concentración progresiva del poder en Assimi Goïta; suspensión de la actividad política; disolución de todos los partidos; detenciones y desapariciones de opositores; mandato presidencial renovable sin elección; y consolidación de la cooperación con estructuras militares extranjeras.
Para la CPAAD, esta secuencia permite concluir que el concepto de “transición” ha perdido progresivamente su contenido original. Una transición política requiere temporalidad, excepcionalidad y destino democrático. Cuando desaparecen esos tres elementos, deja de existir una transición auténtica y surge, en su lugar, una estructura de permanencia.
El caso maliense resulta especialmente preocupante porque quienes llegaron al poder argumentando que su presencia sería temporal han terminado estableciendo mecanismos que permiten su prolongación y, simultáneamente, eliminando las instituciones políticas capaces de organizar una alternativa.
Una transición que elimina las elecciones y disuelve a la oposición deja de ser un puente hacia la democracia y se convierte en una forma de gobierno autoritario.
9. RESPONSABILIDAD POLÍTICA DE LOS PRINCIPALES DIRIGENTES DE LA RUPTURA
9. RESPONSABILIDAD POLÍTICA DE LOS PRINCIPALES DIRIGENTES DE LA RUPTURA
La CPAAD considera igualmente necesario evitar que el paso del tiempo diluya la responsabilidad política de quienes protagonizaron los acontecimientos de 2020 y 2021.
Assimi Goïta encabezó el CNSP surgido del golpe de agosto de 2020 y posteriormente asumió directamente la Presidencia tras la segunda ruptura de mayo de 2021. Malick Diaw, uno de los principales dirigentes del golpe, pasó a presidir el Consejo Nacional de Transición. Ismaël Wagué, portavoz inicial de la junta; Sadio Camara, posteriormente figura central de la estructura de defensa; y Modibo Koné formaron parte del grupo de oficiales identificado como núcleo dirigente del golpe de agosto de 2020.
No se trata de atribuir automáticamente responsabilidad penal individual, cuestión que corresponde a las autoridades judiciales competentes, sino de preservar la memoria institucional de lo sucedido. La consolidación posterior de estos oficiales dentro de las estructuras públicas no modifica el papel que desempeñaron en la ruptura constitucional.
Quienes toman el poder mediante las armas no adquieren retrospectivamente legitimidad democrática porque luego ocupen cargos estatales. El ejercicio prolongado del poder puede transformar su posición institucional; no transforma el origen de esa posición.
10. POSICIÓN Y EXIGENCIAS DE LA CPAAD
10. POSICIÓN Y EXIGENCIAS DE LA CPAAD
La Coalición Parlamentaria Américas África por la Democracia condena las rupturas constitucionales de 2020 y 2021 y expresa su rechazo a la consolidación de un sistema político que ha restringido progresivamente los mecanismos indispensables para el retorno al gobierno civil.
La CPAAD exige el restablecimiento inmediato del pluralismo político, la derogación de las medidas que impiden la existencia y actividad de los partidos, y garantías efectivas para que todas las organizaciones políticas puedan reorganizarse, expresarse y competir en condiciones de libertad y seguridad.
La Coalición reclama igualmente la liberación inmediata de quienes permanezcan privados de la libertad o desaparecidos por razones políticas; el esclarecimiento de los casos de Abba Alhassane, El Bachir Thiam, Abdoul Karim Traoré y de todas las personas sometidas a medidas similares; y la protección efectiva de dirigentes de oposición, defensores de derechos humanos, periodistas y representantes de la sociedad civil.
Asimismo, la CPAAD exige una hoja de ruta pública, cierta, verificable y temporalmente definida hacia elecciones presidenciales y legislativas libres, transparentes, plurales e inclusivas, organizadas bajo garantías que permitan una auténtica competencia política y una posible alternancia en el poder.
La Coalición solicita también transparencia plena sobre los acuerdos militares celebrados con la Federación de Rusia y sobre la presencia y actuación del Africa Corps en territorio maliense. La cooperación internacional en materia de seguridad no debe convertirse en un instrumento para reforzar estructuras de represión interna, perpetuar autoridades carentes de mandato electoral o sustituir el indispensable control democrático sobre las Fuerzas Armadas.
MALÍ DEBE RECUPERAR EL PLURALISMO, LAS URNAS Y EL GOBIERNO CIVIL
MALÍ DEBE RECUPERAR EL PLURALISMO, LAS URNAS Y EL GOBIERNO CIVIL
La situación actual plantea una pregunta fundamental: ¿puede una autoridad que llegó al poder mediante un golpe de Estado disolver a sus adversarios políticos, aplazar las elecciones, otorgarse un mandato renovable sin sufragio y continuar presentándose indefinidamente como un gobierno de transición?
Para la CPAAD, la respuesta es categóricamente negativa.
Una transición sin plazo definido deja de ser transición. Un sistema político sin partidos deja de ser pluralista. Un Presidente que no se somete a elecciones carece de la legitimidad democrática que solamente pueden conferir los ciudadanos. Y unas Fuerzas Armadas que sustituyen indefinidamente al poder civil abandonan la función republicana que constitucionalmente les corresponde.
La Coalición reconoce la complejidad de la situación de seguridad y condena enérgicamente los actos terroristas y la violencia contra la población maliense. Sin embargo, la amenaza terrorista no constituye una licencia para suspender indefinidamente la democracia ni para convertir la excepcionalidad militar en una forma permanente de gobierno.
Por ello, la CPAAD insta a la Unión Africana, a las Naciones Unidas, al Parlamento Europeo y a los demás actores internacionales comprometidos con la defensa de la democracia y los derechos humanos a mantener una posición firme frente al deterioro institucional de Malí y a promover condiciones efectivas para el retorno al gobierno civil.
La soberanía de Malí pertenece a los ciudadanos malienses. No pertenece a Assimi Goïta, Malick Diaw, Ismaël Wagué, Sadio Camara, Modibo Koné, a ninguna junta militar ni a ninguna estructura extranjera de seguridad.
Las Fuerzas Armadas existen para proteger al Estado, no para apropiarse de él. La seguridad debe servir a la democracia, no sustituirla. Y el futuro político de Malí debe decidirse mediante las urnas, no mediante las armas.
COALICIÓN PARLAMENTARIA AMÉRICAS ÁFRICA POR LA DEMOCRACIA – CPAAD
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Boletín Especial | República de Malí | Septiembre de 2026
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