MADAGASCAR BAJO ALERTA DEMOCRÁTICA
MADAGASCAR BAJO ALERTA DEMOCRÁTICA
Embedded Files
La Coalición Parlamentaria Américas África por la Democracia (CPAAD) expresa su profunda preocupación y su firme rechazo frente al quebrantamiento del orden constitucional producido en Madagascar a partir de octubre de 2025. La intervención directa de sectores de las Fuerzas Armadas en la crisis política, el desplazamiento del presidente constitucional Andry Nirina Rajoelina y la posterior concentración del poder en una estructura encabezada por el coronel Michael Randrianirina constituyeron una alteración sustancial del principio de soberanía popular y de la continuidad democrática del Estado malgache.
La CPAAD reconoce que las movilizaciones sociales que precedieron a esos acontecimientos expresaban demandas ciudadanas legítimas y un profundo malestar respecto de problemas sociales. Sin embargo, ninguna crisis política, por intensa que sea, habilita a una facción militar para sustituir los mecanismos constitucionales, apropiarse del ejercicio de la soberanía o erigirse en árbitro de la sucesión presidencial. En democracia, el descontento ciudadano debe encontrar cauce en las instituciones, el debate público, las elecciones y los procedimientos previstos en la Constitución; no puede ser convertido en fundamento para que quienes detentan las armas decidan quién gobierna y quién debe abandonar el poder.
Lo que actualmente preocupa a la Coalición no es únicamente el acto inicial de ruptura. La evolución posterior revela un escenario más amplio y delicado: concentración del poder político y militar, cuestionamientos sobre la independencia de la justicia, actuaciones contra el presidente desplazado y figuras vinculadas al Gobierno anterior, detenciones de dirigentes políticos y militares, intervención de importantes patrimonios empresariales y fortalecimiento de las capacidades militares y de seguridad mediante una cooperación cada vez más estrecha con estructuras rusas. Examinados en su conjunto, estos acontecimientos permiten advertir el riesgo de que una situación presentada como transitoria termine consolidándose como un sistema de poder de facto revestido progresivamente de apariencia institucional.
1. DE LA RUPTURA CONSTITUCIONAL A LA CONCENTRACIÓN DEL PODER
1. DE LA RUPTURA CONSTITUCIONAL A LA CONCENTRACIÓN DEL PODER
El ascenso del coronel Michael Randrianirina, vinculado al CAPSAT, no puede analizarse como una alternancia política ordinaria. El control material de ministerios, fuerzas de seguridad, estructuras administrativas y organismos públicos otorga capacidad efectiva de gobierno, pero no suple la legitimidad democrática de origen. Esta procede de la voluntad soberana del pueblo expresada conforme a las reglas constitucionales, no de la superioridad coercitiva de un sector armado.
La Unión Africana ha sostenido precisamente esta posición. Su Comisión reafirmó en octubre de 2025 su rechazo a todo cambio inconstitucional de gobierno y reclamó respeto por el orden constitucional y una solución pacífica dentro de los marcos institucionales. Posteriormente desplegó una delegación de alto nivel con el objetivo explícito de contribuir al restablecimiento del orden constitucional democrático en Madagascar.
La CPAAD considera particularmente preocupante que el discurso de la “refundación” pueda ser utilizado para normalizar una estructura surgida de una intervención militar. Una nueva denominación institucional, la designación de autoridades o la expedición de actos administrativos no corrigen por sí solos el déficit de legitimidad originado por una ruptura constitucional. La democracia exige separación efectiva de poderes, instituciones independientes, garantías para la oposición, subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil y, fundamentalmente, que la ciudadanía conserve la facultad real de escoger y sustituir a sus gobernantes.
2. ANDRY RAJOELINA: LEGITIMIDAD ELECTORAL Y CONTROVERSIA SOBRE SU NACIONALIDAD
2. ANDRY RAJOELINA: LEGITIMIDAD ELECTORAL Y CONTROVERSIA SOBRE SU NACIONALIDAD
La CPAAD considera necesario despejar con especial rigor una cuestión que ha sido utilizada reiteradamente para controvertir la legitimidad del presidente Andry Nirina Rajoelina: su nacionalidad francesa.
Andry Rajoelina es de origen malgache y adquirió también la nacionalidad francesa en 2014. La controversia jurídica se centró posteriormente en determinar si esa adquisición había producido la pérdida de su nacionalidad malgache y, por consiguiente, si afectaba su elegibilidad presidencial. La Corte Constitucional (HCC) examinó directamente esta cuestión. En agosto de 2023 rechazó una solicitud presentada por Fanirisoa Ernaivo destinada a invalidar retrospectivamente su candidatura presidencial de 2018 y determinó, entre otras cuestiones, que no correspondía a esa jurisdicción declarar que Rajoelina hubiera perdido la nacionalidad malgache.
Más importante aún, en el proceso electoral de 2023 la HCC dejó establecido que el artículo 46 de la Constitución exige que el candidato presidencial tenga nacionalidad malgache, pero que el constituyente no excluyó la posibilidad de poseer una o varias nacionalidades extranjeras adicionales. La Corte constató que no existía decreto que hubiera declarado o constatado la pérdida de la nacionalidad malgache de Andry Rajoelina y mantuvo válida su candidatura. Finalmente, proclamó a Rajoelina elegido presidente en primera vuelta con 58,96 % de los votos válidos emitidos.
Por consiguiente, resulta jurídicamente improcedente presentar su ciudadanía francesa como una causa que, por sí misma, hubiera tornado ilegítimo su ejercicio de la Presidencia. La autoridad constitucional competente admitió su candidatura, rechazó las objeciones formuladas en materia de nacionalidad y proclamó oficialmente su elección. La doble ciudadanía, en esas condiciones, no fue considerada incompatible por la HCC con su candidatura a la Presidencia.
Para la CPAAD, este aspecto es particularmente relevante: ninguna controversia política respecto de la nacionalidad de Andry Rajoelina otorgaba a las Fuerzas Armadas facultad para resolver por la fuerza una cuestión que pertenecía exclusivamente al orden jurídico constitucional. La legalidad de una candidatura la decide la autoridad electoral y constitucional competente; no una unidad militar.
3. LA JUSTICIA FRENTE AL RIESGO DE CONVERTIRSE EN INSTRUMENTO DE PERSECUCIÓN POLÍTICA
3. LA JUSTICIA FRENTE AL RIESGO DE CONVERTIRSE EN INSTRUMENTO DE PERSECUCIÓN POLÍTICA
La Coalición observa con especial inquietud las actuaciones desarrolladas desde el Ministerio de Justicia encabezado por Fanirisoa Ernaivo, particularmente aquellas dirigidas contra Andry Rajoelina, exfuncionarios, dirigentes políticos, empresarios y personas relacionadas con el anterior Gobierno. Resulta además significativo que Ernaivo haya sido precisamente quien promovió en 2023 una de las acciones destinadas a cuestionar la nacionalidad y la candidatura presidencial de Andry Rajoelina, pretensión que no prosperó ante la Corte Constitucional.
La CPAAD sostiene inequívocamente que ninguna autoridad pública, expresidente, empresario o dirigente político puede situarse por encima de la ley. Las denuncias de corrupción, abuso de poder o utilización indebida de recursos públicos deben ser investigadas. Sin embargo, la legitimidad de esas actuaciones depende de que sean adelantadas por autoridades independientes, con pruebas suficientes, igualdad ante la ley y pleno respeto de la presunción de inocencia y del derecho de defensa.
El problema surge cuando un aparato estatal controlado por autoridades beneficiarias de una ruptura constitucional despliega de manera acumulativa instrumentos penales, administrativos y patrimoniales contra las figuras del Gobierno depuesto. En ese escenario, la carga institucional de demostrar independencia, imparcialidad y ausencia de motivaciones políticas debe ser especialmente elevada. La justicia no puede convertirse en un instrumento destinado a completar por medios jurídicos lo que comenzó mediante una acción de fuerza.
La Coalición advierte que una democracia no se restaura sustituyendo un adversario político por otro y utilizando después las instituciones para debilitar al vencido. La verdadera justicia investiga conductas, no filiaciones; individualiza responsabilidades, no castiga grupos; y jamás puede ser utilizada para excluir del futuro político del país a quienes mantienen posiciones contrarias al Gobierno de facto.
4. INJET Y LA EXTENSIÓN DE LAS ACTUACIONES AL PATRIMONIO DEL PRESIDENTE DESPLAZADO
4. INJET Y LA EXTENSIÓN DE LAS ACTUACIONES AL PATRIMONIO DEL PRESIDENTE DESPLAZADO
Esta preocupación se extiende al ámbito empresarial. INJET, compañía históricamente vinculada a Andry Rajoelina y su familia, ha sido objeto de medidas sobre sus cuentas bancarias. El propio Ministerio de Justicia informó en septiembre de 2026 que los saldos de cuentas de INJET fueron congelados y posteriormente transferidos a una cuenta de consignación utilizada por la Agencia de Recuperación de Activos Ilícitos (ARAI), tras una decisión adoptada por el Pôle anti-corruption dentro de una investigación por presunto desvío de fondos públicos.
Para la CPAAD, una medida de esta naturaleza requiere una transparencia extraordinaria. No basta con invocar la lucha contra la corrupción: deben hacerse verificables el fundamento judicial, los montos afectados, el destino exacto de los recursos, su custodia, los mecanismos de impugnación disponibles y las condiciones en las cuales procederá su restitución si las investigaciones no concluyen con una determinación definitiva de responsabilidad.
En un Estado de derecho, una medida cautelar tiene como finalidad preservar bienes mientras se resuelve una controversia; no puede convertirse materialmente en una sanción anticipada ni en un mecanismo de debilitamiento económico de un adversario político. La coincidencia entre la persecución judicial del mandatario desplazado y las actuaciones patrimoniales contra empresas relacionadas con su familia exige una supervisión independiente que despeje cualquier duda sobre motivaciones de retaliación política.
5. GRUPO SODIAT: INTERVENCIÓN DE DECENAS DE EMPRESAS DE LA FAMILIA RAVATOMANGA
5. GRUPO SODIAT: INTERVENCIÓN DE DECENAS DE EMPRESAS DE LA FAMILIA RAVATOMANGA
El panorama adquiere una dimensión todavía mayor con la intervención de empresas pertenecientes o vinculadas al Grupo SODIAT y a la familia del empresario Mamy Ravatomanga. Mediante decisión del Pôle anti-corruption de Antananarivo, adoptada el 8 de mayo de 2026, cerca de treinta sociedades quedaron sometidas a administración judicial y fue designado Serge Jovial Imbeh como administrador provisional. La medida alcanza compañías registradas a nombre de Mamy Ravatomanga, su esposa y sus hijos y comprende sociedades de diversos sectores económicos.
La administración judicial fue impuesta sin que la familia Ravatomanga hubiera prestado consentimiento. Desde luego, la ausencia de consentimiento del propietario no invalida por sí sola una medida judicial legítimamente adoptada; pero sí hace indispensable que una intervención de semejante magnitud esté rodeada de estrictas garantías de legalidad, necesidad, proporcionalidad, contradicción y control jurisdiccional. La afectación simultánea de decenas de sociedades privadas trasciende los intereses de una familia y puede repercutir sobre trabajadores, proveedores, acreedores, clientes y la confianza general en la seguridad jurídica del país.
La CPAAD no sostiene que Mamy Ravatomanga o cualquier otra persona se encuentre exenta de investigación. La preocupación radica en el contexto acumulativo. Las actuaciones contra INJET, las medidas sobre el Grupo SODIAT, la judicialización del presidente desplazado y los procedimientos dirigidos contra personas vinculadas al anterior orden político no deberían examinarse como compartimentos completamente separados. Considerados conjuntamente, plantean una cuestión legítima acerca de si los instrumentos anticorrupción están siendo utilizados exclusivamente para la persecución objetiva de delitos o si existe, además, una reconfiguración coercitiva del poder político y económico posterior al golpe.
6. PRESOS POLÍTICOS, DETENCIONES Y CIERRE DEL ESPACIO DE OPOSICIÓN
6. PRESOS POLÍTICOS, DETENCIONES Y CIERRE DEL ESPACIO DE OPOSICIÓN
La situación de las personas privadas de la libertad representa otra de las principales preocupaciones de la Coalición. La CPAAD realiza seguimiento a casos que involucran dirigentes políticos, exparlamentarios, miembros de las Fuerzas Armadas, abogados, empresarios, profesionales y otras personas vinculadas a la vida pública.
Entre ellos se encuentra el coronel Patrick Rakotomamonjy, médico militar que, después de realizar diversas denuncias públicas, fue detenido en abril de 2026 y trasladado a la prisión de Tsiafahy. La Fiscalía lo vinculó a una investigación por una presunta tentativa de asesinato contra del golpista Michael Randrianirina y un supuesto proyecto de golpe de Estado; dentro del mismo expediente se informó que trece personas fueron procesadas y once quedaron inicialmente en prisión preventiva.
La Coalición mantiene igualmente bajo observación las situaciones de Marie Michelle Sahondrarimalala, Rinah Rakotomanga, Ravalomanana Richard, Sylvain Rabetsaroana, Jean Nirina Rafanomezantsoa, Jean-Alfred Rakotomaronirina, Marc Arson Ramiarinjatovo, Abraham Guy Lincoln Andriamalala, Claudia Rabetsivoh, Dr. Solotiana Ramboaniaina, Jean Raveloson y Monique Rakotomalala, así como la del exmilitar francés Guy Baret, quien fue detenido y puesto en prisión preventiva en Tsiafahy dentro de otra investigación sobre una presunta operación de desestabilización y sabotaje de infraestructura.
La CPAAD no atribuye automáticamente la condición jurídica de preso político a toda persona procesada. Sin embargo, el contexto obliga a una valoración más amplia: cuando después de una ruptura constitucional se multiplican las detenciones y procedimientos contra adversarios políticos, exfuncionarios, militares, parlamentarios y personas relacionadas con el Gobierno depuesto, corresponde examinar rigurosamente si el derecho penal continúa siendo aplicado como instrumento imparcial de justicia o si determinados procesos están adquiriendo una finalidad de intimidación, neutralización o represalia política.
7. LA UNIÓN AFRICANA Y LA SADC: UNA RESPUESTA REGIONAL QUE NO PUEDE SER IGNORADA
7. LA UNIÓN AFRICANA Y LA SADC: UNA RESPUESTA REGIONAL QUE NO PUEDE SER IGNORADA
La CPAAD destaca especialmente los esfuerzos emprendidos por la Unión Africana (UA) y por la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) frente a la crisis malgache. Estos pronunciamientos poseen especial valor porque demuestran que la preocupación sobre la ruptura institucional, los derechos políticos y la situación de los detenidos no se limita al debate interno de Madagascar.
La Unión Africana rechazó expresamente los cambios inconstitucionales de gobierno y puso en marcha actuaciones diplomáticas orientadas al restablecimiento del orden constitucional. La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos se refirió directamente a las actuales autoridades como “autoridades de facto” y les reclamó un retorno rápido y completo al orden constitucional, así como respeto por la seguridad, libertad y dignidad de periodistas, defensores de derechos humanos y actores políticos.
La SADC, por su parte, ha mantenido un proceso de mediación y seguimiento que incluye misiones diplomáticas, un Panel de Sabios y mecanismos permanentes de interlocución. En diciembre de 2025 llamó al Gobierno de facto encabezado por Michael Randrianirina a promover un diálogo nacional inclusivo, avanzar hacia nuevas elecciones, facilitar el retorno pacífico de los exiliados políticos y restaurar la estabilidad, el orden constitucional y la democracia.
La posición regional adquirió una contundencia todavía mayor el 29 de junio de 2026, cuando la SADC reiteró expresamente su llamado a la liberación de los presos políticos, el fin de las detenciones arbitrarias y la facilitación del retorno de los exiliados políticos. La organización calificó estas medidas como fundamentales para reconstruir la confianza y crear condiciones para un diálogo nacional auténtico y una reconciliación efectiva.
Para la CPAAD, este pronunciamiento debe tener consecuencias concretas. Si una organización regional de la importancia de la SADC considera necesario reclamar la liberación de presos políticos y el cese de detenciones arbitrarias, las autoridades malgaches no pueden reducir esas preocupaciones a simples críticas partidistas. La liberación de quienes se encuentren privados de su libertad por razones políticas, las garantías para los exiliados y la creación de condiciones para el ejercicio libre de la oposición deben convertirse en parámetros verificables para evaluar la autenticidad de cualquier proceso de transición.
La Coalición reconoce y valora la labor de la Unión Africana y la SADC, y les insta a mantener una participación firme y sostenida. Condenar inicialmente una ruptura constitucional y posteriormente normalizar al poder surgido de ella por el mero transcurso del tiempo produciría un precedente profundamente perjudicial para la democracia africana.
8. COOPERACIÓN MILITAR CON RUSIA Y PRESENCIA DEL AFRICA CORPS
8. COOPERACIÓN MILITAR CON RUSIA Y PRESENCIA DEL AFRICA CORPS
A las preocupaciones institucionales internas se suma el significativo fortalecimiento de la cooperación militar entre las actuales autoridades y la Federación de Rusia, incluida la participación de instructores del Africa Corps, estructura dependiente del Ministerio de Defensa ruso.
La cooperación es concreta y verificable. En marzo de 2026 se informó que un primer grupo de militares malgaches había completado ocho semanas de entrenamiento impartido por instructores rusos, con formación en armas de fuego y utilización de drones. En mayo se produjo un nuevo ciclo para 127 militares, entre ellos integrantes de fuerzas especiales y personal encargado de la seguridad presidencial. En junio y julio continuaron programas dirigidos a unidades encargadas de proteger a altos funcionarios y a miembros de los servicios especiales, incluyendo manejo de armamento ruso y técnicas contra drones.
La CPAAD no desconoce el derecho soberano de Madagascar a mantener relaciones internacionales y acuerdos de cooperación militar. La preocupación surge del contexto: un poder de origen militar está fortaleciendo precisamente sus estructuras militares, fuerzas especiales y dispositivos de protección presidencial mientras permanece pendiente la restitución plena del gobierno civil y del orden democrático.
La cooperación externa no puede convertirse en un instrumento para consolidar a un régimen de facto, incrementar su capacidad de coerción interna o dificultar una futura alternancia política. Por ello, la Coalición reclama transparencia sobre los acuerdos celebrados con Rusia, el número y condición de los instructores extranjeros, el armamento suministrado, las unidades beneficiarias, los objetivos de la formación y los mecanismos de supervisión civil y parlamentaria.
9. JÓVENES MALGACHES Y EVENTUAL PARTICIPACIÓN EN LA GUERRA CONTRA UCRANIA
9. JÓVENES MALGACHES Y EVENTUAL PARTICIPACIÓN EN LA GUERRA CONTRA UCRANIA
La CPAAD ha conocido asimismo denuncias e informaciones relativas a desplazamiento de jóvenes y militares malgaches hacia Rusia y a una eventual utilización posterior en el conflicto contra Ucrania.
Por la gravedad de esta situación, la CPAAD expresa su profunda preocupación por el alcance de la cooperación militar entre las actuales autoridades de Madagascar y la Federación de Rusia. A la presencia de instructores rusos y al entrenamiento de miembros de las Fuerzas Armadas malgaches se suman informaciones que dan cuenta del traslado de jóvenes militares malgaches a Rusia y de su posterior envío al conflicto armado en Ucrania.
Ante estos hechos, la Coalición exige transparencia y esclarecimiento inmediato sobre las condiciones de reclutamiento y traslado de estos jóvenes, la naturaleza de la formación recibida, los compromisos asumidos y el alcance de los acuerdos militares suscritos con Rusia.
La CPAAD rechaza que jóvenes malgaches puedan ser utilizados en conflictos armados extranjeros al servicio de intereses geopolíticos ajenos, particularmente bajo mecanismos carentes de transparencia, control democrático y garantías suficientes para la protección de sus derechos, su integridad y su vida.
10. LA DEFENSA DE ANDRY RAJOELINA ES TAMBIÉN LA DEFENSA DEL PRINCIPIO DE LEGITIMIDAD CONSTITUCIONAL
10. LA DEFENSA DE ANDRY RAJOELINA ES TAMBIÉN LA DEFENSA DEL PRINCIPIO DE LEGITIMIDAD CONSTITUCIONAL
La CPAAD considera necesario expresar con absoluta claridad su posición. La defensa de los derechos políticos y constitucionales de Andry Rajoelina no implica conferir inmunidad a ningún dirigente ni negar la posibilidad de que las autoridades judiciales investiguen hechos debidamente sustentados. Significa defender una regla elemental de toda democracia: un Presidente elegido no puede ser desplazado por las Fuerzas Armadas y posteriormente sometido a un proceso de exclusión política diseñado desde las instituciones controladas por quienes se beneficiaron de su caída.
Las controversias sobre su nacionalidad fueron examinadas por la autoridad constitucional competente. Su candidatura fue validada, las objeciones de nacionalidad fueron rechazadas y la Corte constitucional lo proclamó presidente tras las elecciones de 2023. Ninguna de esas cuestiones confería a los militares competencia para sustituir la voluntad electoral ni para decidir, por la fuerza, la continuidad de su mandato.
En este sentido, la defensa del orden constitucional trasciende la persona de Andry Rajoelina. Lo que se encuentra en juego es un principio mucho más amplio: si las Fuerzas Armadas pueden desplazar a un Presidente elegido y posteriormente utilizar las estructuras estatales para perseguirlo, desacreditarlo, intervenir su entorno económico y neutralizar a quienes permanecen políticamente vinculados con él, ninguna elección futura ofrecerá garantías reales frente al poder de las armas.
11. POSICIÓN Y EXIGENCIAS DE LA CPAAD
11. POSICIÓN Y EXIGENCIAS DE LA CPAAD
La Coalición Parlamentaria Américas África por la Democracia considera que Madagascar requiere una ruta inmediata, pública, creíble y verificable hacia el restablecimiento íntegro del orden constitucional, el retorno del predominio civil sobre las instituciones del Estado y la celebración de elecciones auténticamente libres, inclusivas, transparentes y competitivas, en condiciones que aseguren la participación de todas las fuerzas políticas sin persecución ni exclusiones arbitrarias.
La CPAAD solicita que se atiendan de manera efectiva los llamados de la Unión Africana y de la SADC; que se proceda a la liberación de quienes se encuentren detenidos por razones políticas; que cesen las detenciones arbitrarias; que se garantice el retorno seguro de los exiliados políticos; y que parlamentarios, dirigentes, periodistas, miembros de la sociedad civil y representantes de la oposición puedan ejercer plenamente sus derechos.
La Coalición exige igualmente garantías reforzadas para Andry Rajoelina y para todas las personas objeto de procedimientos posteriores a la ruptura constitucional; independencia real de jueces y fiscales; protección efectiva de la presunción de inocencia; esclarecimiento integral de las actuaciones sobre INJET y las empresas del Grupo SODIAT; respeto por la propiedad privada y la seguridad jurídica; y transparencia absoluta respecto de la cooperación militar con Rusia y las actividades del Africa Corps.
La CPAAD continuará observando particularmente los casos de Andry Rajoelina, Marie Michelle Sahondrarimalala, Rinah Rakotomanga, Ravalomanana Richard, Sylvain Rabetsaroana, Jean Nirina Rafanomezantsoa, Jean-Alfred Rakotomaronirina, Marc Arson Ramiarinjatovo, Abraham Guy Lincoln Andriamalala, Claudia Rabetsivoh, Dr. Solotiana Ramboaniaina, Jean Raveloson, Monique Rakotomalala y Guy Baret, así como las actuaciones que afecten a parlamentarios, dirigentes políticos, miembros de las Fuerzas Armadas, empresarios, profesionales, periodistas y representantes de la sociedad civil.
MADAGASCAR DEBE RETORNAR A LA SOBERANÍA POPULAR
MADAGASCAR DEBE RETORNAR A LA SOBERANÍA POPULAR
La posición de la Coalición es inequívoca: ningún golpe de Estado adquiere legitimidad democrática por el paso del tiempo; ninguna estructura militar puede sustituir indefinidamente la soberanía popular; ninguna política anticorrupción puede servir de cobertura para la persecución selectiva; y ninguna transición será creíble mientras la justicia, la oposición y las libertades políticas permanezcan sometidas a dudas fundadas sobre su independencia y efectividad.
Madagascar necesita reconstruir su institucionalidad sobre bases legítimas: gobierno civil, separación de poderes, independencia judicial, elecciones libres, pluralismo político, respeto por la oposición y subordinación de las Fuerzas Armadas a la Constitución.
La CPAAD acompaña y respalda los esfuerzos de la Unión Africana y la SADC destinados a recuperar el orden constitucional, promover una verdadera reconciliación nacional y garantizar las libertades políticas. Al mismo tiempo, exhorta a estas organizaciones a mantener una posición firme frente a cualquier intento de convertir una ruptura excepcional en una nueva normalidad política.
La soberanía de Madagascar pertenece al pueblo malgache. No pertenece a una facción militar, a un gobierno de facto ni a ninguna estructura que pretenda sustituir mediante la fuerza la expresión democrática de los ciudadanos.
COALICIÓN PARLAMENTARIA AMÉRICAS ÁFRICA POR LA DEMOCRACIA – CPAAD
Observatorio de la Democracia
Boletín Especial | República de Madagascar | Septiembre de 2026
Acceso Rápido
Redes sociales
Contacto
Page updated
Google Sites
Report abuse