La Coalición Parlamentaria Américas África por la Democracia sigue con especial atención la situación judicial del empresario malgache Maminiaina Ravatomanga, privado de la libertad en la República de Mauricio desde 24 de octubre de 2025, cuya solicitud de libertad bajo caución será resuelta el próximo 12 de octubre por la Bail and Remand Court. Ante esta decisión de particular trascendencia jurídica y humanitaria, la Coalición expresa su confianza en que las autoridades judiciales mauricianas actuarán con plena independencia, imparcialidad y estricto apego a las garantías constitucionales y a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, asegurando que cualquier restricción de la libertad personal responda exclusivamente a fundamentos jurídicos legítimos, suficientemente acreditados y debidamente motivados.
Esta posición constituye la continuación de las gestiones institucionales emprendidas por la CPAAD, particularmente de la comunicación dirigida el 27 de agosto de 2026 al Primer Ministro de Mauricio, doctor Navinchandra Ramgoolam, en la cual se expusieron las preocupaciones de la Coalición respecto de la prolongación de la detención preventiva del señor Ravatomanga. En dicha comunicación se destacó que la existencia de investigaciones por presuntas infracciones financieras, independientemente de su complejidad, no puede desnaturalizar el carácter excepcional de una medida cautelar ni convertirla en una sanción anticipada, especialmente cuando la responsabilidad penal del investigado no ha sido establecida mediante sentencia judicial.
La Constitución de Mauricio, en sus artículos 5 y 10, reconoce la protección de la libertad personal, el derecho a un proceso equitativo y la presunción de inocencia. Estas garantías encuentran desarrollo en el Bail Act y respaldo en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, conforme al cual la detención de una persona mientras espera ser juzgada no debe constituir la regla general. Desde esta perspectiva, la prolongación de una medida privativa de la libertad exige una justificación individualizada de los riesgos procesales que se pretenden evitar y una valoración efectiva de las alternativas menos restrictivas que puedan garantizar la comparecencia del investigado, la preservación de los elementos probatorios y el normal desarrollo de las actuaciones judiciales.
En relación con el proceso del señor Ravatomanga, la CPAAD considera fundamental distinguir entre las acusaciones provisionales formuladas durante la etapa investigativa y la determinación judicial de una eventual responsabilidad penal. La existencia de sospechas que habiliten legítimamente una investigación no equivale a la demostración de culpabilidad, del mismo modo que la duración de las diligencias investigativas no constituye, por sí misma, una razón suficiente para prolongar la privación de la libertad. En consecuencia, la Coalición espera que la decisión del 12 de octubre examine rigurosamente la necesidad y proporcionalidad de la detención, considerando tanto el tiempo transcurrido como la viabilidad de establecer condiciones de libertad bajo caución que permitan continuar el procedimiento sin afectar injustificadamente los derechos fundamentales del interesado.
La CPAAD reconoce y respeta la soberanía de la República de Mauricio, así como la competencia de sus autoridades judiciales para investigar las presuntas conductas delictivas sometidas a su conocimiento. Sin embargo, considera indispensable que el proceso contra el señor Maminiaina Ravatomanga sea examinado teniendo en cuenta la grave crisis política e institucional que atraviesa Madagascar, particularmente las actuaciones del régimen surgido de la ruptura del orden constitucional, cuya legitimidad democrática es cuestionada por la comunidad internacional.
Según las denuncias de su familia y de personas cercanas, el régimen que consideran golpista e ilegítimo estaría utilizando los mecanismos de persecución judicial para neutralizar a quienes identifica como adversarios políticos, entre ellos el señor Ravatomanga. Estas denuncias comprenden señalamientos sobre presuntas amenazas contra su integridad física, intentos de excluirlo definitivamente de la vida pública y actuaciones orientadas al despojo de su patrimonio empresarial. La gravedad de tales acusaciones exige una evaluación independiente, particularmente cuando los posibles intereses políticos y económicos involucrados podrían trascender las fronteras de Madagascar y proyectarse sobre procedimientos judiciales adelantados en otras jurisdicciones.
En este contexto, adquiere especial relevancia la decisión adoptada por las autoridades malgaches de someter a administración judicial provisional a las empresas del Grupo SODIAT, perteneciente a la familia Ravatomanga, mediante la designación de un administrador encargado de su gestión. Aunque las autoridades responsables de esta medida la han presentado como un mecanismo de preservación de los activos y de continuidad empresarial, la familia ha cuestionado su legitimidad y ha denunciado posibles afectaciones a sus derechos patrimoniales. Para la CPAAD, estas circunstancias plantean interrogantes que merecen atención sobre la protección de la propiedad privada, la seguridad jurídica, las garantías del debido proceso y el riesgo de que instrumentos formalmente judiciales puedan ser utilizados con finalidades de represalia política o apropiación indebida de activos. Tales hipótesis deben ser esclarecidas mediante procedimientos independientes y garantías efectivas para todas las partes involucradas.
La Coalición estima que cualquier denuncia relativa a amenazas contra la vida, la integridad o el patrimonio del señor Ravatomanga debe ser examinada con la seriedad que corresponde, sin convertir afirmaciones controvertidas en hechos judicialmente establecidos. En particular, resulta indispensable evitar que eventuales disputas políticas originadas en Madagascar condicionen el tratamiento jurídico del interesado en Mauricio. La cooperación internacional en materia penal debe desarrollarse sobre la base de pruebas verificables, procedimientos regulares y respeto recíproco entre instituciones soberanas, sin que las solicitudes de autoridades extranjeras puedan sustituir la valoración autónoma que corresponde a los órganos judiciales mauricianos.
Bajo estas consideraciones, la CPAAD reitera su posición favorable a que el señor Maminiaina Ravatomanga pueda obtener la libertad bajo caución, con las garantías y medidas de control que determine la jurisdicción competente, siempre que estas resulten suficientes para atender los riesgos procesales efectivamente acreditados. Esta solicitud no representa una pretensión de impunidad, ni busca impedir el esclarecimiento de los hechos investigados. Por el contrario, responde al principio según el cual el ejercicio legítimo de la acción penal debe ser compatible con la protección de la libertad, la dignidad humana y el derecho de toda persona a defenderse en condiciones de igualdad ante la justicia.
En desarrollo de su mandato institucional y de su compromiso con la consolidación de las relaciones democráticas entre América y África, la CPAAD anuncia que próximamente enviará una delegación a la República de Mauricio, integrada por parlamentarios de distintos países del continente americano y juristas miembros de la Coalición. Esta misión tendrá como propósito establecer un diálogo directo, respetuoso y constructivo con las autoridades mauricianas, representantes de la sociedad civil y las diferentes formaciones políticas del país, con el fin de intercambiar perspectivas sobre el fortalecimiento institucional, la independencia judicial, la protección de los derechos humanos y los desafíos que plantea la preservación del Estado de derecho frente a situaciones de especial sensibilidad política y jurídica.
La visita se inscribe en el ejercicio de la diplomacia parlamentaria como instrumento de acercamiento, cooperación y entendimiento entre naciones. La CPAAD reafirma que esta iniciativa se desarrollará con absoluto respeto por la soberanía de Mauricio, la autonomía de sus instituciones y la pluralidad de sus actores políticos y sociales. Su finalidad no será intervenir en decisiones jurisdiccionales ni ejercer presiones sobre las autoridades competentes, sino contribuir al intercambio institucional y promover una comprensión más amplia de los desafíos democráticos y de derechos humanos que afectan a la región del océano Índico y a las relaciones entre los continentes africano y americano.
La Coalición considera que la República de Mauricio, en virtud de su tradición institucional y de sus compromisos internacionales, dispone de los mecanismos constitucionales necesarios para asegurar que las investigaciones penales se desarrollen con rigor, sin sacrificar las libertades fundamentales. En tal sentido, la decisión judicial prevista para el 12 de octubre constituye una ocasión especialmente significativa para reafirmar la autonomía de sus tribunales y la vigencia de un sistema jurídico en el que ninguna consideración política, económica o diplomática puede prevalecer sobre las pruebas, la legalidad y las garantías del proceso.
La CPAAD continuará observando atentamente la evolución de este asunto y mantendrá su disposición al diálogo con las instituciones mauricianas y con los distintos sectores de su sociedad. Su actuación responde a una convicción institucional que trasciende cualquier caso particular: la defensa de la democracia exige rechazar tanto la impunidad frente a conductas ilícitas como la eventual instrumentalización de los mecanismos judiciales para perseguir adversarios, restringir injustificadamente la libertad o afectar derechos patrimoniales al margen de las garantías legales.
La verdadera fortaleza de un Estado democrático no reside únicamente en su capacidad para investigar y sancionar las infracciones a la ley, sino también en su determinación de impedir que el poder político o económico desvirtúe la función de la justicia. La independencia judicial, la presunción de inocencia y el respeto de los derechos fundamentales constituyen principios irrenunciables que deben prevalecer frente a cualquier interés particular o circunstancia política.
Dirección de Comunicaciones CPAAD
