La Coalición Parlamentaria Américas África por la Democracia expresa su firme rechazo a la condena impuesta a la Honorable diputada Marie-Michelle Sahondrarimalala, exministra de Educación Nacional de Madagascar, sentenciada a cinco años de prisión por el Tribunal de Primera Instancia de Antananarivo bajo la acusación de atentado contra la seguridad del Estado.
Para la Coalición, este proceso no puede analizarse de manera aislada. Se desarrolla en un contexto político excepcional, marcado por la ruptura del orden constitucional de octubre de 2025 y por la instalación de una nueva estructura de poder encabezada por el coronel Michaël Randrianirina. La propia Unión Africana condenó entonces cualquier cambio inconstitucional de Gobierno y reclamó un retorno pacífico al orden democrático y constitucional.
La SADC manifestó igualmente su grave preocupación frente a los acontecimientos de octubre de 2025, se refirió expresamente a informaciones sobre un intento de golpe de Estado y advirtió que esa situación amenazaba la paz, la estabilidad y el orden democrático de Madagascar. La organización anunció además el despliegue de una misión de investigación y reafirmó su compromiso con la restauración del orden constitucional.
Ese contexto resulta esencial para valorar el proceso contra Marie-Michelle Sahondrarimalala. No se trata simplemente de una antigua integrante del Gobierno precedente. Se trata de una parlamentaria elegida, identificada políticamente con el anterior poder y que ha cuestionado públicamente el nuevo orden político surgido de la crisis de 2025.
Su condición parlamentaria, además, está jurídicamente reconocida. Mediante decisión del 25 de noviembre de 2025, la Alta Corte Constitucional de Madagascar estableció que, una vez terminadas sus funciones ministeriales, había cesado la suspensión de su mandato y que Marie-Michelle Sahondrarimalala ejercía plenamente su mandato de diputada en la Asamblea Nacional.
Por esa razón, la Coalición considera que su encarcelamiento y condena trascienden la situación individual de una dirigente política. Están en juego también la independencia del Poder Legislativo, la libertad de oposición, el pluralismo político y el derecho de los electores a ser representados por quienes eligieron democráticamente.
La Coalición rechaza cualquier pretensión de presentar esta posición como una defensa de la impunidad. Un parlamentario no está por encima de la ley. Pero tampoco puede estar por debajo de ella ni ser privado de sus garantías por razón de su filiación política, de sus opiniones o de su oposición a quienes ejercen temporalmente el poder.
Precisamente por ello, la Coalición considera que las circunstancias que rodean este proceso justifican una seria denuncia de lawfare, entendido como el uso selectivo o políticamente orientado de instrumentos judiciales para debilitar, desacreditar, neutralizar o excluir del escenario público a un adversario político bajo una apariencia formal de legalidad.
El lawfare representa una amenaza especialmente grave para cualquier democracia porque no necesita eliminar las instituciones: puede servirse de ellas. El problema surge cuando el derecho penal deja de funcionar como límite al poder y comienza a ser percibido como un instrumento para resolver por vía judicial aquello que debería dirimirse mediante elecciones, debate parlamentario y confrontación democrática.
En el caso de Marie-Michelle Sahondrarimalala, su defensa ha cuestionado la suficiencia de los elementos probatorios utilizados para sustentar las acusaciones y ha denunciado la ausencia de pruebas materiales concluyentes que permitan vincularla de manera objetiva e individualizada con los hechos atribuidos.
Una acusación relativa a la seguridad del Estado exige precisamente el mayor rigor jurídico. Su gravedad no permite reducir las garantías procesales; las refuerza. Cuanto más severa sea la imputación y la pena impuesta, mayor debe ser la exigencia de pruebas claras, legalmente obtenidas, sometidas a contradicción y valoradas mediante una decisión suficientemente motivada.
La Coalición advierte, además, que la noción de “seguridad del Estado” no puede ser confundida con la seguridad política del Gobierno de turno. El Estado y el Gobierno son realidades distintas. Criticar al Gobierno, cuestionar su legitimidad o defender una determinada interpretación del orden constitucional no puede convertirse, por sí mismo, en una amenaza contra el Estado.
Ese principio adquiere particular importancia cuando el Gobierno que impulsa una denominada “refundación” procede de una ruptura institucional previamente cuestionada por los principales organismos regionales africanos.
En ese escenario, la responsabilidad política del coronel Michaël Randrianirina es considerable. Como jefe del actual poder de transición, tiene el deber institucional de garantizar que los procedimientos judiciales contra adversarios políticos se desarrollen con absoluta independencia, transparencia e imparcialidad.
La misma responsabilidad corresponde a la ministra de Justicia, Fanirisoa Ernaivo. Como máxima autoridad política del sector Justicia, debe garantizar que fiscales y magistrados puedan actuar sin interferencias del Ejecutivo y que ninguna actuación gubernamental genere la percepción de que el aparato judicial está siendo utilizado para consolidar políticamente al nuevo poder.
La Coalición no afirma, sin evidencia específica, que las autoridades hayan dictado personalmente el contenido de una sentencia. Lo que sí denuncia es un contexto que exige controles reforzados precisamente porque la separación entre justicia y confrontación política debe ser inequívoca.
Un poder surgido de una crisis constitucional tiene una obligación especial de demostrar que respeta los límites institucionales. No puede pretender reconstruir la democracia debilitando a la oposición ni consolidar su legitimidad mediante procesos que generen dudas razonables sobre la independencia judicial.
La Coalición Parlamentaria Américas África por la Democracia condena toda forma de lawfare y toda utilización de la justicia como instrumento de persecución política. La justicia debe investigar conductas, no ideologías; debe juzgar hechos, no adversarios; y debe proteger el Estado de derecho, no los intereses circunstanciales de quienes controlan el Ejecutivo.
La Coalición expresa su solidaridad institucional con la Honorable diputada Marie-Michelle Sahondrarimalala y reclama que todas las vías de recurso contra su condena puedan ejercerse ante autoridades independientes, con pleno respeto de la presunción de inocencia, el derecho de defensa, la contradicción de las pruebas y las garantías correspondientes a su mandato parlamentario.
Al mismo tiempo, formula un llamado directo a la Unión Africana, a su Consejo de Paz y Seguridad, a la SADC y a los mecanismos africanos de protección de los derechos humanos para que continúen observando activamente la situación de Madagascar.
La Unión Africana ya sostuvo que el Estado de derecho debía prevalecer sobre la fuerza y promovió una acción coordinada con la SADC para facilitar el retorno al orden constitucional. Esa responsabilidad no puede limitarse al momento inicial de la crisis: debe extenderse a la protección del pluralismo, de las libertades políticas y de la independencia judicial durante toda la transición.
La SADC, por su parte, asumió expresamente el compromiso de apoyar la restauración del orden constitucional y la gobernanza democrática en Madagascar. Ese compromiso exige prestar atención no solo a la estabilidad institucional, sino también a la forma en que el nuevo poder trata a sus opositores y a los representantes elegidos vinculados al anterior Gobierno.
La estabilidad política no puede convertirse en un sustituto de la democracia. Un país no retorna a la normalidad constitucional simplemente porque cesan las protestas o porque un nuevo poder logra consolidarse. La normalidad democrática exige instituciones independientes, oposición libre, respeto de los derechos fundamentales y garantías efectivas contra cualquier abuso del poder estatal.
Madagascar necesita reconciliación y reconstrucción institucional, no una justicia percibida como instrumento de revancha política.
Por ello, la Coalición Parlamentaria Américas África por la Democracia exige garantías plenas para la diputada Marie-Michelle Sahondrarimalala, condena el lawfare como mecanismo de persecución política y exhorta a la Unión Africana y a la SADC a mantener una vigilancia firme sobre la independencia judicial y las libertades democráticas en Madagascar.
La justicia pertenece al Estado de derecho, no al Gobierno de turno. La oposición constituye una parte esencial de la democracia, no una amenaza que deba ser neutralizada. Y la legitimidad de cualquier transición se mide, ante todo, por la manera en que trata a quienes se atreven a cuestionarla.
Dirección de Comunicaciones CPAAD
